Gonzalo Martínez Corbalá.
Cerca ya de conmemorar los dos siglos de distancia histórica de la Independencia y a uno de la Revolución Mexicana, conviene darle una ojeada a la historia de la expropiación petrolera, a lo que la hizo posible, a los obstáculos que se interpusieron para que ese hombre de gran visión que fue el general Lázaro Cárdenas la llevara a cabo, y luego también a las circunstancias que exigieron su realización, planteándose en 1938 la disyuntiva histórica de mantener la subordinación política a las grandes potencias industriales de entonces o de hacer realidad de una vez por todas los objetivos que se planteó la Independencia de 1810, así como cristalizar los compromisos sociales de la gesta revolucionaria de 1910 a 1917, fecha en que se concretan en la Constitución de Querétaro los anhelos que el pueblo en armas exigía después de que había corrido la sangre de millón y medio de compatriotas sobre suelo mexicano.
México no hacía otra cosa en 1938 que seguir los cauces normales por los que otros pueblos del mundo habrían de seguir, y por los que finalmente todos los países sometidos a un régimen colonial seguirían con el tiempo.
Se presentaban con mucha claridad dos fenómenos políticos, sociales y económicos que han convergido en diversas partes del mundo, forjando cauces libertarios desde entonces y hasta ahora ininterrumpidamente, tratándose de conciliar el derecho a la libre autodeterminación con la interdependencia entre las naciones. Este fenómeno histórico tan complejo ha marcado de muchas maneras y en diferentes medidas, los cauces por los que se han canalizado las luchas libertarias en todo el planeta, y México, como es natural, no ha podido sustraerse a esta tendencia del proceso evolutivo de todo el mundo.
A fines del siglo XIX y principios del XX empezó a considerarse la importancia del petróleo en su uso como fuente de energía en la industria en general, y muy especialmente en los ferrocarriles y en los barcos, y aun cuando hubo algunos intentos previos llevados a cabo por mexicanos para establecer la explotación de los yacimientos descubiertos en el sur de Veracruz, en Tabasco y en el istmo de Tehuantepec, no tuvieron éxito y fueron los extranjeros Edward Doheny y Weetman Pearson quienes lograron establecer las primeras explotaciones a gran escala al amparo del Código Minero de 1884, y las leyes de 1892 y 1901.
El Código Minero de 1884 vino a terminar con el principio del dominio del subsuelo expresado terminantemente en las ordenanzas de Aranjuez, publicadas por Carlos III el 22 de mayo de 1783, que fueron la primera legislación minera dictada para México, habiendo estado vigente precisamente hasta 1884, pues los gobiernos del México independiente adoptaron también esta legislación que, dicho sea de paso, en 1938 habría de ser la fundamentación de casi todos los alegatos jurídicos que se llevaron a cabo contra la expropiación petrolera y sobre la propiedad del subsuelo.
Toca en suerte al régimen de Porfirio Díaz sentar las bases de los orígenes de la industria petrolera, y lo hizo renunciando al principio del ejercicio de soberanía, dando en propiedad el subsuelo a los superficiarios, concediendo exenciones de impuestos para la importación de los equipos necesarios, así como para la exportación de petróleo y con toda clase de complacencias para con las compañías extranjeras.
El Estado no percibía entonces ningún beneficio con las explotaciones que se iniciaron a principios del siglo XX, concediendo a favor de las compañías extranjeras una especie de extraterritorialidad. Socialmente, el país tampoco recibía beneficio alguno, ya que los convenios de trabajo impuestos a los obreros propiamente eran de servidumbre.
Así pues, Díaz sentó bases firmes sobre las que posteriormente habría de nacer un gran imperio económico extranjero que debía de ser quizás el mayor problema que tuvo el país para realizar su emancipación política y económica, constituyéndose como un Estado dentro del Estado, con un poderío económico y político al que ni siquiera la lucha armada revolucionaria había afectado, pues durante todo este periodo habían sido sostenidas por las fuerzas militares bajo el mando del general Peláez, que las protegió en sus bienes y personas.
Tenían también a su servicio las tristemente célebres guardias blancas, de las que se valían para manejar a los empleados mexicanos a punta de bayoneta, y para conservar la autoridad de hecho sobre las extensas zonas que dominaban, y llegaban incluso a controlar los caminos de las zonas petroleras, por los que solamente podían transitar personas gratas a ellas.
Pronto se planteó el problema serio de orden internacional, motivado por las compañías petroleras. El presidente Madero creó el primer impuesto llamado “del timbre” para gravar la producción del petróleo en tres centavos por barril.
En 1911, el embajador estadunidense Henry Lane Wilson se quejó ante el gobierno –en nombre de las compañías– de que el impuesto resultaba demasiado alto. Así quedaba establecida la costumbre que había de acarrear muchos y muy grandes problemas al país: la intervención diplomática para proteger los intereses de extranjeros, y que desde ese momento el gobierno mexicano no podría ejercer libremente actos elementales de soberanía nacional sin encontrarse con las limitaciones que los gobiernos extranjeros le impondrían, las cuales en muchos casos debían ser definitivas y terminantes, como veremos más adelante a consecuencia del fuerte grado de dependencia que subyacía en nuestras relaciones con otros países.
En junio de 1912 se volvió a expedir otro decreto aumentando los impuestos, y en septiembre del mismo año el embajador Wilson envió la siguiente nota al secretario de Relaciones Exteriores de México:
“El gobierno de Estados Unidos desea hacer saber al presente gobierno de México que con la consiguiente sorpresa y natural recelo ha sido informado de ciertas partes… al parecer influidas por la avaricia y por la mal querencia a las empresas estadunidenses a consecuencia de su nacionalidad, están… persiguiendo y robando a dichas empresas en cada oportunidad favorable que se les presenta. La Associated Press ha sido molestada repetidas veces por las innecesarias y enojosas restricciones de las cuales no puede hacerse completamente responsable al gobierno… Las empresas petroleras norteamericanas de la región de Tampico presentan pruebas indudables de que están siendo gravadas con impuestos casi insoportables… El gobierno de Estados Unidos se ve obligado a insistir en que cese inmediatamente esta persecución que prácticamente equivale a la confiscación, y espera recibir del gobierno mexicano la seguridad inmediata de que pronto se hará esto”.
México no hacía otra cosa en 1938 que seguir los cauces normales por los que otros pueblos del mundo habrían de seguir, y por los que finalmente todos los países sometidos a un régimen colonial seguirían con el tiempo.
Se presentaban con mucha claridad dos fenómenos políticos, sociales y económicos que han convergido en diversas partes del mundo, forjando cauces libertarios desde entonces y hasta ahora ininterrumpidamente, tratándose de conciliar el derecho a la libre autodeterminación con la interdependencia entre las naciones. Este fenómeno histórico tan complejo ha marcado de muchas maneras y en diferentes medidas, los cauces por los que se han canalizado las luchas libertarias en todo el planeta, y México, como es natural, no ha podido sustraerse a esta tendencia del proceso evolutivo de todo el mundo.
A fines del siglo XIX y principios del XX empezó a considerarse la importancia del petróleo en su uso como fuente de energía en la industria en general, y muy especialmente en los ferrocarriles y en los barcos, y aun cuando hubo algunos intentos previos llevados a cabo por mexicanos para establecer la explotación de los yacimientos descubiertos en el sur de Veracruz, en Tabasco y en el istmo de Tehuantepec, no tuvieron éxito y fueron los extranjeros Edward Doheny y Weetman Pearson quienes lograron establecer las primeras explotaciones a gran escala al amparo del Código Minero de 1884, y las leyes de 1892 y 1901.
El Código Minero de 1884 vino a terminar con el principio del dominio del subsuelo expresado terminantemente en las ordenanzas de Aranjuez, publicadas por Carlos III el 22 de mayo de 1783, que fueron la primera legislación minera dictada para México, habiendo estado vigente precisamente hasta 1884, pues los gobiernos del México independiente adoptaron también esta legislación que, dicho sea de paso, en 1938 habría de ser la fundamentación de casi todos los alegatos jurídicos que se llevaron a cabo contra la expropiación petrolera y sobre la propiedad del subsuelo.
Toca en suerte al régimen de Porfirio Díaz sentar las bases de los orígenes de la industria petrolera, y lo hizo renunciando al principio del ejercicio de soberanía, dando en propiedad el subsuelo a los superficiarios, concediendo exenciones de impuestos para la importación de los equipos necesarios, así como para la exportación de petróleo y con toda clase de complacencias para con las compañías extranjeras.
El Estado no percibía entonces ningún beneficio con las explotaciones que se iniciaron a principios del siglo XX, concediendo a favor de las compañías extranjeras una especie de extraterritorialidad. Socialmente, el país tampoco recibía beneficio alguno, ya que los convenios de trabajo impuestos a los obreros propiamente eran de servidumbre.
Así pues, Díaz sentó bases firmes sobre las que posteriormente habría de nacer un gran imperio económico extranjero que debía de ser quizás el mayor problema que tuvo el país para realizar su emancipación política y económica, constituyéndose como un Estado dentro del Estado, con un poderío económico y político al que ni siquiera la lucha armada revolucionaria había afectado, pues durante todo este periodo habían sido sostenidas por las fuerzas militares bajo el mando del general Peláez, que las protegió en sus bienes y personas.
Tenían también a su servicio las tristemente célebres guardias blancas, de las que se valían para manejar a los empleados mexicanos a punta de bayoneta, y para conservar la autoridad de hecho sobre las extensas zonas que dominaban, y llegaban incluso a controlar los caminos de las zonas petroleras, por los que solamente podían transitar personas gratas a ellas.
Pronto se planteó el problema serio de orden internacional, motivado por las compañías petroleras. El presidente Madero creó el primer impuesto llamado “del timbre” para gravar la producción del petróleo en tres centavos por barril.
En 1911, el embajador estadunidense Henry Lane Wilson se quejó ante el gobierno –en nombre de las compañías– de que el impuesto resultaba demasiado alto. Así quedaba establecida la costumbre que había de acarrear muchos y muy grandes problemas al país: la intervención diplomática para proteger los intereses de extranjeros, y que desde ese momento el gobierno mexicano no podría ejercer libremente actos elementales de soberanía nacional sin encontrarse con las limitaciones que los gobiernos extranjeros le impondrían, las cuales en muchos casos debían ser definitivas y terminantes, como veremos más adelante a consecuencia del fuerte grado de dependencia que subyacía en nuestras relaciones con otros países.
En junio de 1912 se volvió a expedir otro decreto aumentando los impuestos, y en septiembre del mismo año el embajador Wilson envió la siguiente nota al secretario de Relaciones Exteriores de México:
“El gobierno de Estados Unidos desea hacer saber al presente gobierno de México que con la consiguiente sorpresa y natural recelo ha sido informado de ciertas partes… al parecer influidas por la avaricia y por la mal querencia a las empresas estadunidenses a consecuencia de su nacionalidad, están… persiguiendo y robando a dichas empresas en cada oportunidad favorable que se les presenta. La Associated Press ha sido molestada repetidas veces por las innecesarias y enojosas restricciones de las cuales no puede hacerse completamente responsable al gobierno… Las empresas petroleras norteamericanas de la región de Tampico presentan pruebas indudables de que están siendo gravadas con impuestos casi insoportables… El gobierno de Estados Unidos se ve obligado a insistir en que cese inmediatamente esta persecución que prácticamente equivale a la confiscación, y espera recibir del gobierno mexicano la seguridad inmediata de que pronto se hará esto”.
