jueves, 19 de junio de 2008

¿Es el Partido Acción Nacional de derecha?: Adolfo Sánchez Rebolledo

Surgido como reacción a las políticas radicales del cardenismo, el panismo es por derecho propio el heredero histórico del viejo partido conservador y una fuerza que aspira a hacer compatible las tradiciones con la modernización capitalista del país, pospuesta durante los años de turbulencia de la Revolución Mexicana y amenazada, según la derecha, por los afanes justicialistas de Lázaro Cárdenas. Una página dedicada a la exégesis del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, recuerda su desazón ante los “ensayos cardenistas”: “... una pesada tolvanera de apetitos desencadenados, de propaganda siniestra, de ideologías contradictorias, de mentira sistemática, impide la visión limpia de la vida nacional”.

Convertido en partido ideológico, doctrinario dirán después, su influencia real se vincula a la elite católica y empresarial, pero vive durante décadas al margen de las grandes decisiones, anclado en cierto liberalismo que ve en la democracia la realización de un destino, sin renunciar a la (muy cambiante) doctrina social cristiana. “Al postular la primacía de la nación, el partido pretende que se afirmen los valores esenciales de tradición, de economía y de cultura. Busca también inspirar la ordenación jurídica y política de la nación en el reconocimiento de la persona humana concreta, cabal, y de las estructuras sociales que garanticen verdaderamente su vida y desarrollo”, escribe Gómez Morín .

Con el tiempo, la vertiente “hispanista”, la más próxima a ciertas nociones provenientes del falangismo español, se fortalecerán con las nociones del anticomunismo que domina la guerra fría, mismas que se aplican a la realidad nacional para identificar al estatismo mexicano con los estados burocráticos soviéticos, al igual que se compara a la Iglesia católica con las llamadas “Iglesias del silencio” en Europa del este. De esa mistificación histórica procede la carga victimista del PAN como sujeto del cambio democrático, su desafiante pretensión de ser la “única” oposición democrática, cuando, salvo notables excepciones personales, siempre fueron cómplices útiles ante la aplicación autoritaria de la fuerza y la ley contra las izquierdas. Como sea, el panismo diluye sus peculiaridades originarias para incluirse en el arco mayor de la democracia cristiana, no obstante que en México todos los intentos de adoptar el membrete son saboteados por los gobiernos “revolucionarios”: la ley, por lo demás, impide el uso de conceptos religiosos en la actividad política.

Pero algo no cambia: la resistencia a ser y representar el partido de la derecha. En un país donde la Revolución ocupa casi todo el siglo XX el más mínimo intersticio, la reacción niega su pasado, rompe con su historia y se presenta bajo la fórmula de un humanismo cristiano importado del escenario moral y político europeo y, más adelante, de la aceptación cada vez menos crítica de los supuestos del capitalismo que la propia Iglesia comienza a cuestionar, pero jamás se acepta como lo que es: el partido de la derecha. No el único, acaso, pero sí el más antiguo, perdurable y exitoso.

El ascenso del PAN está indisolublemente ligado a las urgencias de un empresariado cupular, cuyo futuro depende de sus relaciones con el Norte, inquieto o francamente en contra de la rigidez de la burocracia gobernante, cuya larga crisis aún no está resuelta. La aparición del “neopanismo democrático”, así como la declinación de los viejos doctrinarios responde a esta nueva coyuntura nacional e internacional, al establecimiento de los paradigmas de la revolución neoliberal que trastocan el funcionamiento general del “sistema”. Es la hora de la política “realista”.

De pronto, los panistas, como los derechistas españoles, a los que ellos tienen como modelo, aceptan la muerte de las ideologías; dudan de la validez de la geometría política y se lanzan a calificarse como fuerza de “centro”, esto es, una especie capaz de adaptarse a las circunstancias sin atarse las manos o el pensamiento a una visión preconcebida. Por eso, cuando Felipe Calderón dice en España que lo suyo no es la “derecha”, no se desmarca de nadie, pues allí Aznar y Rajoy, derechistas reconocibles, son los postulantes de esa posición en el Partido Popular. Todos se dicen de “centro”; todos son humanistas y se dicen laicos, aunque esa afirmación pase por la reivindicación de los privilegios de la Iglesia católica que marca la pauta a seguir.

Esa desideologización se expresa en otras formas. Al gobierno, al Ejecutivo y sus portavoces les molesta que la ideología se “mezcle” con los grandes temas de la economía y la política: quieren reflexiones asépticas, técnicas, no contaminadas por los valores, los principios, las concepciones, es decir, quieren planteamientos que sin decirlo sirvan a los intereses establecidos y dominantes, aquellos que se consideran satisfactorios, aunque “imperfectos”. Todo es opinable, pero nada debe cambiar el derecho a decidir del Presidente. Ésta es, claro, una pretensión muy pobre, aceptable si acaso para los burócratas que ejecutan órdenes, pero imposible de aceptar para una ciudadanía que no sólo quiere saber cómo hacer ciertas reformas sino aprobar para qué y para quién deben aprobarse. No les gusta el debate al más alto nivel. Pero tampoco quieren que la ciudadanía se exprese libremente. ¿La derecha es demócrata?

lunes, 16 de junio de 2008

Opacidad y corrupción en excedentes petroleros: AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION


■ El gobierno actúa con discrecionalidad en su gasto, señala la ASF.

■ El órgano fiscalizador también halló situaciones de privilegio para diez corporativos, “lo que contraviene el principio de equidad fiscal”.

Roberto González Amador . (La Jornada).

El órgano fiscalizador del Congreso aseguró que el gobierno federal actúa con “discrecionalidad” en el gasto de los recursos excedentes por la exportación de petróleo, práctica que, aseguró, “provoca un alto grado de opacidad y corrupción que es indispensable combatir”.

La relacionada con el uso de los excedentes petroleros es sólo una de las “áreas de opacidad y riesgo” que la Auditoría Superior de la Federación halló al hacer un balance de las cuentas públicas de los años recientes. Una más tiene que ver con el sistema tributario. La ASF reportó que en un ejercicio fiscal diez grandes corporativos obtuvieron devoluciones de impuestos por 17 mil 420 millones de pesos, monto que superó en 216 por ciento el incremento de la inversión privada en ese mismo año. Es la expresión, abundó, de un esquema que genera “una situación de privilegio que contraviene el principio de equidad fiscal”.

La ASF, órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, consideró que en los últimos años se han dado avances en la fiscalización del gasto público, en la transparencia respecto de cómo se utiliza y en la rendición de las cuentas. No obstante, añadió, “existen muchos pendientes que requieren atención urgente con el fin de abatir la opacidad existente y reducir el riesgo de hacer mal uso de los recursos públicos”. A esos pendientes se refiere en el reporte Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, que recoge experiencias derivadas de la actuación de la institución en el periodo 2002-2007.

En momentos que existe controversia entre el gobierno federal, los estatales y la oposición al PAN en el Congreso sobre el destino de 55 mil millones de pesos de ingresos extraordinarios por el incremento en el precio del petróleo mexicano de exportación este año, la ASF llama la atención sobre la forma poco clara en que es explicado el uso de recursos excedentes. Aunque por la naturaleza del reporte –que se centra en extraer conclusiones después de analizar las cuentas públicas de varios años– no se refiere específicamente a la controversia actual, sí llega a la conclusión de que “la discrecionalidad que en algunos segmentos de la administración pública se presenta sobre el manejo de los recursos provoca un alto grado de opacidad y corrupción que es indispensable combatir”.

Sigue: “Como ejemplo de ello se encuentra el renglón de recursos fiscales excedentes”, de cuyas revisiones (en tres cuentas públicas distintas, correspondientes al sexenio de Vicente Fox) destaca: en 2004, la Secretaría de Hacienda obtuvo recursos excedentes por 46 mil 595 millones de pesos, de los cuales reportó haber destinado 11 mil 649 millones, 25 por ciento del total, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Sin embargo, no se cuenta con registros del uso de ese dinero que permitieran evaluar su adecuado manejo, aseveró.

Un año después, Hacienda reportó un monto de recursos fiscales excedentes por 44 mil 610 millones de pesos, sin que esa cantidad “tuviera el carácter de definitivo”. También en 2005, la dependencia del Ejecutivo utilizó 11 mil 152 millones de pesos de los ingresos excedentes para equilibrar el balance del sector público, “mecánica que hubiera sido procedente en un escenario de ingresos excedentes al alza, pero no en uno de tendencia a la baja (como fue ese año); además, dichos recursos se han venido utilizando, principalmente, en gasto corriente”, renglón que incluye sueldos y salarios y gasto relacionado con uso de oficinas y vehículos.

El régimen fiscal vigente tiene todavía un amplio margen para mejorar la progresividad, es decir, para que paguen más los contribuyentes, personas o empresas que más ganan. La conclusión de la ASF se basa en analizar la consecuencia que tiene para el fisco la existencia de mecanismos de ingeniería fiscal que permiten, sobre todo a empresas, reducir la tributación efectiva al gobierno.
Expuso la ASF que las devoluciones de impuestos “se encuentran altamente concentradas”. Ello genera una “situación de privilegio que contraviene el principio de equidad fiscal”. La revisión de las cuentas públicas permitió al órgano del Congreso constatar que en un ejercicio fiscal, el de 2005 –año previo a la elección federal–, 4 mil 132 grandes contribuyentes recibieron devoluciones por 106 mil 520 millones de pesos, equivalente a 71 por ciento del total reembolsado por el fisco ese año, que fue de 149 mil 850 millones.

Así, del dinero devuelto a los 4 mil 132 grandes contribuyentes, 398 empresas y/o personas concentraron 77 por ciento del monto reembolsado, esto es, 82 mil 20 millones de pesos, y de éstos, 10 contribuyentes recibieron de Hacienda una devolución promedio de mil 742 millones cada uno.

Así, 10 causantes obtuvieron una devolución de impuestos por 17 mil 420 millones de pesos, cantidad que, para efectos comparativos, equivale a 2.4 veces los recursos de emergencia que el gobierno federal distribuirá en 2008 a las 5 millones de familias más pobres del país (120 pesos al mes a cada una) como apoyo para la compra de alimentos ante el alza en los precios internacionales de las materias primas.

Por las normas a que está sujeta la ASF, el reporte no identifica por sus nombres a los grandes beneficiarios de las devoluciones de impuestos, aunque es fácil saber hacia dónde volver la mirada cuando enlista los sectores de actividad a que pertenecen: “Los beneficiarios de estos importantes montos de devoluciones corresponden a empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales, de autoservicio e instituciones financieras”. Salvo la panificadora, el resto son industrias que en México son controladas por el capital extranjero.

Existe un efecto negativo derivado de los mecanismos empleados por los grandes contribuyentes para, al final de cuentas, reducir al mínimo su tributación al fisco.

“Las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005 superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada, lo que en principio cuestiona la hipótesis de que una menor tributación, como en rigor implica las devoluciones, libera recursos a los particulares para incrementar la formación bruta de capital.”

El reporte permite hacer comparaciones de la magnitud de la devolución de impuestos a grandes contribuyentes, respecto del uso que podrían tener esos recursos. Los 82 mil 20 millones de pesos devueltos por Hacienda en un año a 398 grandes contribuyentes multiplican por dos el presupuesto anual del Programa Oportunidades, la principal estrategia gubernamental de combate a la pobreza, que el año pasado dispuso de 39 mil millones de pesos para 5 millones de familias en zonas urbanas y rurales.

En México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 50 millones de personas viven en pobreza, y de ellas, 25 millones en pobreza extrema, con un ingreso mensual de 969 pesos en zonas urbanas y 690 en el medio rural.

El reporte de la ASF comenzó a circular en días pasados entre legisladores federales y puede ser consultado en http://www.asf.gob.mx/.